Esta semana Uruguay presentó frente al gobierno de Nueva Zelanda la nota de adhesión para ingresar al CPTPP (Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico). Se trata del acuerdo comercial más avanzado vigente a nivel mundial, donde además de conformar una zona de libre comercio, incorpora 30 capítulos con los estándares más avanzados.

El CPTPP está compuesto por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El acuerdo se encuentra vigente para 8 de sus miembros, dado que hasta la fecha no ha sido ratificado por Brunéi ni Chile. Se está frente a un mercado de 480 millones de personas explicando nada menos que el 14% del PIB mundial.

Los antecedentes del acuerdo se remontan al Foro de Cooperación de Asia Pacífico (APEC), donde desde 1989 comenzó a debatirse sobre la importancia de otras disciplinas en el comercio mundial (ya no solo referido a aranceles). A partir de los debates en ese foro, algunos países comienzan aceleradamente a introducir en sus acuerdos nuevos capítulos que superaban ampliamente la legislación multilateral (OMC), lo que se concretó con el conocido como P4 firmado por Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunéi, en lo que fue el antecedente directo del TPP luego abandonado por Trump y transformado en el CPTPP.

Además del CPTPP, el mundo ha visto con sorpresa la entrada en vigor la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés), el otro mega bloque de Asia Pacífico que fue firmado por China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). India formó parte de las negociaciones hasta que decidió retirarse. El RCEP es la zona de libre comercio de mayor impacto a nivel global, pero no solo, ya que también incorpora otras disciplinas, aunque con un menor nivel de profundidad en sus compromisos que los establecidos por el CPTPP.

El mundo no solo ha tenido movimientos en Asia Pacífico, ya que el Área Continental Africana de Libre Comercio (AfCFTA en sus siglas en inglés) se trata de la zona de libre comercio con el mayor número de miembros (54 países). Además, existen negociaciones en curso como la de la Unión Europea con India, entre otros acuerdos de relevancia que están en negociación.

Es en este contexto de dinamismo en el escenario global, que desde un inicio el gobierno del presidente Lacalle Pou ha planteado la necesidad de flexibilizar el Mercosur para negociar acuerdos bilaterales. Dicha estrategia fue defendida inicialmente para acercarse a China, potencia que desde tiempo atrás mostró interés en avanzar en la firma de un TLC con el Mercosur o con Uruguay.

Los debates que se han generado sobre este punto son conocidos y fueron tratados en otras columnas. Más allá de los mismos (los que por cierto siguen en curso por las diferentes interpretaciones jurídicas), Uruguay logró cerrar un estudio de factibilidad con China, buscó un acercamiento con Turquía (se está realizando un estudio de impacto) y se buscó ampliar los contactos con Reino Unido. Como es sabido, esta semana se solicitó el ingreso al CPTPP, lo que desató una nueva polémica con los socios del Mercosur que a través de sus coordinadores nacionales del Grupo del Mercado Común del Mercosur publicaron una declaración de tono amenazante sobre el camino seguido por Uruguay.

Más allá de esta declaración y del cambio de contexto en Brasil por la victoria de Lula, Uruguay debe sostener su estrategia bilateral de inserción internacional, pero ajustando parcialmente la misma para adecuarse al nuevo gobierno de la potencia regional. Será necesario la intervención política en su sentido más amplio, para seguir insistiendo con Brasil sobre las necesidades de Uruguay de avanzar bilateralmente. No se trata de un capricho, sino de una razonable demanda luego de esperar más de 30 años para que el Mercosur logre suscribir acuerdos con mercados de relevancia a nivel global.

Aspectos para tener en cuenta sobre el ingreso de Uruguay al CPTPP

En cuanto al eventual impacto de ingresar a dicho acuerdo, lo primero que debe tenerse en cuenta es que a través de ese instrumento se puede mejorar notoriamente el acceso para las corrientes comerciales de bienes y servicios con economías como Japón, Vietnam y Malasia, países con los cuales hoy se registran niveles relativamente bajos de comercio (con los otros miembros ya se cuenta con preferencias en el marco de la ALADI, se está negociando con el Mercosur o el nivel de comercio es muy bajo). También deben valorarse apropiadamente los posibles impactos positivos esperados por la incorporación de otras disciplinas del comercio que favorecen el entorno de negocios.

Por otro lado, es necesario asumir que ingresar al CPTPP implicará cambios en la legislación nacional en asuntos muy variados, como por ejemplo propiedad intelectual (se exigiría la incorporación de tratados que Uruguay no ha ratificado), compras públicas y empresas del Estado, entre otras disciplinas. Esta realidad implica partir del reconocimiento de que hoy Uruguay no cumple con esos estándares, si bien podría estar en condiciones de implementar los cambios necesarios para adaptarse a las disciplinas exigidas por el acuerdo (recordar que se trata de un acuerdo de adhesión).

En definitiva, es esperable que se den debates en este sentido, por lo que el gobierno tendrá que abordar los mismos con equilibrio para alcanzar entre diversos sectores nacionales los consensos mínimos que permitan seguir adelante con la estrategia de inserción internacional planteada por el país.

Al respecto de este punto de la política interna, las diferencias con el posible TLC con China parecen notorias, dado que en este caso hay más espacio para avanzar sin cambios en la legislación nacional (en los capítulos señalados los compromisos habitualmente negociados por China son menos profundos y las negociaciones con esa potencia asiática están marcadas por el pragmatismo dependiendo con la contraparte con que negocie). En términos de impacto, las mejoras de acceso a China serían más amplias que las esperadas por el eventual ingreso al CPTPP cuando se lo analiza por las corrientes de comercio actuales.

Otra variable debatida en el caso del CPTPP son los tiempos. Luego de realizadas las consultas internas con los miembros del mega bloque (lo que además lo establece el propio tratado), Uruguay decidió presentar la nota de adhesión. Informalmente el país habría recibido apoyos en ese sentido, si bien los mismos no se han formalizado hasta el momento, lo que pudo observarse en la declaración bilateral Japón – Uruguay luego de la visita oficial de Lacalle Pou a la potencia asiática, la que no incluyó mención alguna sobre el interés de Uruguay de ingresar al CPTPP.

En cuanto al proceso de adhesión, hay que recordar que Reino Unido fue el primer país en solicitarlo y es el único caso que fue aceptado por la Comisión del acuerdo y está siendo estudiado por el Grupo de Adhesión, lo que por cierto ocurre desde febrero de 2021. Además, nada menos que Taiwán, China, Costa Rica y Ecuador ya han formalizado su ingreso como Uruguay, mientras que Corea de Sur oficializó a nivel interno la decisión y lleva adelante las consultas necesarias para emprender las eventuales reformas exigidas para ingresar (lo que luego podría derivar en un ingreso rápido una vez formalizado el interés de adherir). Muchos otros países han mostrado interés en ingresar y podrían formalizar su pedido en los próximos meses.

Es difícil adelantar la posición que los miembros del CPTPP tomarán respecto al ingreso de Taiwán, China y los otros países en espera, tampoco si se respetará un orden temporal o si el Comité aceptará analizar el ingreso de más de un país a la vez. Lo que sí parece evidente, es que los procesos llevarán su tiempo, además de que el tratado prevé el consenso entre todos los miembros para el ingreso de un nuevo socio.

En ese sentido, la presentación de la nota ya es un hito y abre un proceso que no depende de Uruguay, más allá de los necesarios contactos diplomáticos que deben realizarse en todos los países miembros (especialmente en los 8 de los 11), para contrarrestar los movimientos diplomáticos que pueden realizar Argentina, Brasil y Paraguay en las cancillerías y ministerios de comercio de los miembros del CPTPP. Se trata de una estrategia que Uruguay también debe desplegar en el caso de China.

Sobre la reciente declaración del Mercosur sobre Uruguay y el CPTPP caben algunas aclaraciones. Más allá de las diversas interpretaciones jurídicas sobre si Uruguay puede avanzar en la firma bilateral de acuerdos comerciales por fuera del Mercosur, debe tenerse en cuenta que hasta la fecha este país no tiene negociaciones bilaterales en curso, ya que no es posible asumir que la presentación de la nota de adhesión al Acuerdo Transpacífico implica estar negociando, dado que la Comisión no ha formalizado ese proceso.

Cualquier eventual reclamo jurídico de parte de los miembros, podría realizarse con negociaciones en curso, donde ya se estén intercambiando ofertas o incluso una vez que los acuerdos están firmados o vigentes.

Por otro lado, hay que recordar que el Mercosur no prevé la figura de expulsión, sino solo la de suspensión y no en el marco del Tratado de Asunción, sino en el del Protocolo de Ushuaia por la cláusula democrática (hoy activa contra Venezuela).

De iniciarse una controversia en el marco del Protocolo de Olivos (lo que por cierto hace años que no ocurre) el eventual resultado desfavorable de un laudo contra Uruguay no implicaría la expulsión o suspensión por incumplimiento, sino que los tratados prevén la posibilidad de que el socio afectado aplique medidas retaliatorias (en el Mercosur se han incumplido laudos por parte de los miembros). Otras opciones legales como interponer la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no solo es un camino polémico, sino que, de utilizarse por los socios, también podría ser reclamado por Uruguay en la infinidad de violaciones a los tratados concretadas por Argentina y Brasil.

En definitiva, aceptando la realidad del Mercosur en el incumplimiento de sus objetivos originarios, su actual operativa como un zona de libre comercio y los instrumentos jurídicos disponibles, es justificado y necesario llegar a una consenso regional sobre la necesidad de aceptar que Uruguay cuente con la flexibilidad para firmar acuerdos comerciales bilaterales.