Sobre la realidad argentina, mucho se debate respecto a si se está frente a una crisis económica, política o social. Independientemente de lo acontecido en las últimas semanas, incluso con rumores sobre la posible renuncia del presidente Fernández, todo indicaría que aún no estamos en un nivel de crisis como la alcanzada en el año 2001, lo que entre otras cosas se explica por el rol que están jugando algunos de los actores sociales como los sindicatos y las cámaras empresariales, entre otros.

Sin desconocer la gravedad de la situación económica argentina, en especial por los inaceptables niveles de pobreza, la dificultad para concretar períodos de crecimiento que impacten positivamente en los niveles de ingreso per cápita, la falta de capacidad para captar inversiones y la descontrolada inflación, lo que golpea especialmente a los sectores de ingresos más bajos, la crisis en el país vecino es también de confianza.

En las últimas décadas Argentina ha ido perdiendo confianza en las instituciones, en especial en la justicia, pero también en los partidos políticos, lo que se resume en la frase popular “que se vayan todos”. Se trata de un camino complejo, porque el sistema democrático tiene ciertos principios donde los partidos políticos y los políticos en particular deben jugar un papel central en el resguardo de las instituciones.

La mencionada falta de confianza en los políticos se observó rápidamente con el acuerdo alcanzado por Cristina Fernández y Alberto Fernández para llegar a la presidencia en el año 2019, un acercamiento por conveniencia mutua que luego de superada la luna de miel de los primeros meses de gobierno y la correcta gestión inicial del presidente en el primer mes de la pandemia, se fragmentó muy rápidamente a niveles impensados con una vicepresidenta que comenzó a atacar sin reparo alguno la investidura presidencial y la gestión de algunas figuras claves del Poder Ejecutivo.

A medida que se profundizaba la crisis económica, agravada por una particular gestión de la pandemia con confinamientos muy extensos y rígidos que tensionaron aún más a la población y afectaron fuertemente la actividad, la vicepresidenta, que todavía mantiene un núcleo electoral clave para las definiciones electorales y un control de parte de los sindicatos y movimientos sociales, decidió abandonar el barco como si no formara parte del gobierno. Tan clara fue esa posición, que presionó al exministro Guzmán para que cambie su política económica y no avance con la firma del acuerdo con el FMI, el que finalmente fue apoyado por la oposición, pero no por la propia coalición de gobierno.

La expresidenta dejó esa compleja negociación a cargo de su hijo Máximo Kirchner, dejando en claro que no acompañaba los condicionamientos del Fondo en política fiscal y, que por el contrario era el momento de expandir las políticas sociales, lo que solo tiene un interés de cara a la próxima contienda electoral.

Acordar con el FMI o con los acreedores del Club de París, tiene que ver otra vez con la confianza en los compromisos asumidos por Argentina, lo que le impiden tener crédito internacional. Al respecto de los planes sociales, se trata de un país que no puede gastar más, en especial por el papel que juega el Estado en el empleo (ya no solo a nivel federal, sino también en las provincias) y por los miles de millones de dólares en subsidios.

Este enorme gasto social, tampoco ha redundado en buenos servicios públicos, ya que los problemas de seguridad (en especial por el narcotráfico), los resultados educativos, las inversiones en infraestructura o los niveles de corrupción han empeorado en las últimas décadas. La presión por el gasto público derivó a su vez en la implementación de políticas recaudatorias, como por ejemplo las retenciones, que también afectan los niveles de confianza y atentan contra las inversiones.

En los últimos meses la puja interna entre el presidente y la vicepresidenta, que públicamente le recuerda que él no tiene el poder, llevó a cambios en el gabinete perdiendo Alberto Fernández a sus colaboradores más cercanos. El último hecho de impacto político fue la renuncia de Guzmán, ya agobiado por la situación de falta de apoyo interno y con resultados económicos poco visibles. Luego de varias horas de espera e incertidumbre con amenazas de feriado bancario, se designó a Batakis como nueva ministra de economía, mientras que los mercados seguían mostrando elevados niveles de incertidumbre, con un aumento del tipo de cambio paralelo, un aumento de la inflación, del riesgo país y de la falta de insumos.

Como era esperable, la nueva designación no logró transmitir confianza a los mercados, debido a que se trataba de una figura poco conocida, con una visión muy intervencionista del Estado en la economía, lo que incluso la llevó a hacer declaraciones poco felices sobre su visión respecto al derecho de viajar. Como resultado de estas dinámicas y en un acto casi de desesperación, el presidente con el indudable apoyo de la vicepresidenta decidió nombrar a Sergio Massa como nuevo ministro de economía y de otras carteras, lo que entre otras cosas supuso la destitución de Daniel Scioli.

En las dinámicas actuales y ya no solo en Argentina, es muy difícil hacer prospectiva, pero lo que sí parece claro es que ningún actor político muestra interés en resolver el problema de fondo. El presidente ya ha perdido la credibilidad y ahora, por la reciente acusación del fiscal Diego Luciani contra Cristina Fernández, enfrenta una nueva tormenta política. Por otra parte, la vicepresidenta no pretende agarrar el timón en este contexto (pocos meses antes de las elecciones) y la oposición ya trabaja pensando en el próximo período de gobierno. Ocurre que aún faltan muchos meses para las elecciones y mientras tanto, la situación económica seguirá empeorando más allá de los ortodoxos esfuerzos de Massa para estabilizar la economía, pero especialmente crece la crisis política y social, la que puede empeorar a niveles inquietantes.

Argentina es un país rico en recursos y en capital humano, con una enorme capacidad de resiliencia, pero desde tiempo atrás atraviesa una crisis de confianza que deriva en las reiteradas crisis económicas, políticas y sociales. Volver a confiar en las instituciones y contar con líderes políticos con capacidad de gestión, parece ser el único camino para que el país logre alcanzar la tan deseada estabilidad.